En un movimiento que marca un punto de inflexión en la política habitacional del país, el Gobierno Nacional ha decidido disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, mediante el Decreto 70/2025. Esta resolución es parte de un ambicioso proceso de reestructuración del Estado que busca cambiar la forma en que se aborda la vivienda y el desarrollo urbano en Argentina. Este artículo se sumerge en los detalles de esta disolución y sus implicaciones, tanto a corto como a largo plazo.
La decisión de cerrar la Secretaría de Vivienda no surge de la nada; es resultado de una serie de analíticas y evaluaciones sobre la eficacia de las políticas de vivienda implementadas en los últimos años. Con el convencimiento de que las responsabilidades en materia de vivienda deben recaer más en las provincias y municipios, el Gobierno Nacional busca reducir su intervención. Este enfoque se basa en la premisa de que los gobiernos locales son más aptos para manejar las dinámicas específicas de sus comunidades.
La ex Secretaría de Vivienda de la Nación gestionaba varias iniciativas a través de diversos fondos fiduciarios, entre ellos el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). Recientemente, auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) evidenciaron serias irregularidades en la gestión de estos fondos, tales como:
El cierre de la Secretaría incluyó la cancelación del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, mediante el Decreto 6/2025, que resaltó el uso indebido de recursos en beneficios políticos y clientelistas. Asimismo, se está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuyas deficiencias han sido ampliamente documentadas y criticadas.
La disolución de la Secretaría no solo implica un cambio administrativo, sino un cambio paradigmático en el enfoque de la vivienda y el hábitat urbano en Argentina. Las autoridades nacionales ahora promueven un modelo en el que se estimula la participación activa del sector privado y se fortalece el rol de las provincias en la gestión de proyectos de vivienda.
La transición será llevada a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando que los procesos y responsabilidades se transfieran adecuadamente. Para ello, se ha creado una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET) encargada de coordinar estas tareas. En este nuevo esquema, las provincias y municipios asumirán el liderazgo en la planificación y ejecución de proyectos habitacionales.
Este cambio representa un desafío y una oportunidad para las comunidades locales. Por un lado, deberán asumir mayores responsabilidades en la gestión de la vivienda; por otro lado, tendrán la libertad de diseñar soluciones más acordes a las necesidades específicas de sus ciudadanos. Las implicaciones son considerables:
Las reacciones a la disolución de la Secretaría han sido diversas. Algunos actores políticos y sociales aplauden la medida, argumentando que permitirá una mejor administración de recursos y una política más acorde a la realidad local. Sin embargo, hay quienes expresan preocupaciones sobre los riesgos de una mayor privatización en el acceso a la vivienda y la posible falta de control sobre la calidad de las obras.
Expertos en urbanismo y políticas sociales han ofrecido diversas perspectivas sobre esta disolución. Juan Pérez, sociólogo y especialista en vivienda, argumenta que “es fundamental que las provincias estén preparadas para asumir esta responsabilidad, de lo contrario, podríamos ver un aumento en la desigualdad en el acceso a la vivienda”. Por otro lado, Laura Fernández, planificadora urbana, señala que “el enfoque en la gestión local puede resultar en soluciones más sostenibles y a largo plazo para la crisis habitacional”.
Existen ejemplos a nivel internacional donde la descentralización de la política de vivienda ha producido resultados positivos. Al analizar modelos en países como Canadá y Alemania, se observa que los gobiernos locales, al tener autonomía para diseñar sus políticas, han sido capaces de crear soluciones más ajustadas a las realidades de sus habitantes. A continuación, se presentan algunas mejores prácticas:
| País | Modelo de vivienda | Resultados |
|---|---|---|
| Canadá | Partnerships entre gobiernos locales y privados | Incremento de viviendas accesibles en un 30% |
| Alemania | Sistemas de financiación cooperativa | Reducción en la desigualdad habitacional |
A pesar de las oportunidades que presenta esta disolución, también hay desafíos que deberán enfrentarse. Uno de los más críticos es asegurar el financiamiento adecuado para proyectos habitacionales en las provincias y municipios. Adicionalmente, la capacitación en gestión y planificación urbana será crucial para que las autoridades locales puedan tomar las riendas con éxito.
La inclusión del sector privado en la política de vivienda promete ser un pilar fundamental. Incentivos fiscales y subsidios para empresas constructores pueden movilizar inversiones importantes en este ámbito. Sin embargo, es necesario crear un marco regulatorio que garantice la calidad de las obras y la accesibilidad para todos los sectores de la población.
La reestructuración incluye el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Esta maniobra administrativa busca consolidar la gestión de proyectos que abordan la integración de barrios y comunidades vulnerables, manteniendo una conexión con la política de vivienda.
El futuro de la política de vivienda en Argentina es incierto, pero también está lleno de posibilidades. Si se implementan de manera estratégica y eficiente los cambios propuestos, los beneficios podrían ser significativos para la población. La consolidación de un modelo que priorice la participación local, el control sobre los recursos y una gestión responsable puede contribuir a sentar las bases para un crecimiento urbano sostenible.
La disolución responde a la necesidad de una reestructuración del Estado, buscando que la gestión de la vivienda recaiga más en las provincias y municipios.
Los fondos fiduciarios, como el PROCREAR y el FISU, están en proceso de liquidación debido a irregularidades detectadas en su gestión.
Se establecen mecanismos para la inclusión del sector privado y la regulación adecuada que garantice la calidad de los proyectos habitacionales.
Los municipios asumirán la responsabilidad principal en la planificación y ejecución de proyectos de vivienda, creando soluciones adaptadas a su contexto.
Se espera que se habiliten nuevas líneas de financiamiento, incluyendo incentivos para el sector privado, aunque la responsabilidad por la obtención de fondos recae en las autoridades locales.
La disolución de la Secretaría de Vivienda de la Nación representa un cambio drástico en la forma en que se gestionan las políticas habitacionales en Argentina. Con un enfoque renovado hacia la descentralización y la participación activa de los gobiernos locales y el sector privado, las autoridades nacionales buscan crear un modelo eficiente y adaptado a las realidades de cada comunidad. Sin embargo, es imperativo que se aborden los desafíos que surgen con este nuevo paradigma para asegurar que todas las personas tengan acceso a un hogar digno.
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